Asunción, mayo de 2012 ( Agencia de Noticias Aratiri - A.N.A.) A continuación reproducimos el comunicado del Colectivo de Ex Detenidas Políticas del Paraguay " Carmen Soler. " En este, llaman a sumarse a la lucha por las querellas penales que enjaulen a los criminales de lesa humanidad del Paraguay. Sostienen que siguen firmes, con la campaña internacional "Querellar a los represores de la dictadura stronista es frenar la represión del pueblo campesino."
Terminar con la impunidad es la garantía de no repetición del terrorismo de estado, agregan. La medianoche del 30/4/2012, consecuencia de la impunidad y la militarización de nuestra sociedad, el joven campesino sordomudo Ledesma pasó a integrar el listado de centenares de campesinos asesinados por la policía, militares y sicarios del latifundio, quienes continúan impunes. Esta vez, el jóven fue baleado de manera inmisericorde por las temibles FOPE, instruidas "a domicilio" por militares yanquis y colombianos, en el marco de la política de formación "profesional" brindada a los cuadros policíales por el gobierno de Lugo.
Contacto: tereasilve@yahoo.com.ar
redacción aratiri
A la opinión pública
Nuevos compañeras y compañeros Víctimas de la Dictadura Stronista, han iniciado querellas penales particulares contra los terroristas de estado de la dictadura stronista, y piensan hacerlo muchos más, hasta que enjaulemos el último criminal de lesa humanidad.
Exigimos a las autoridades responsables que entreguen el listado de represores.
Vemos con preocupación, que algunas organizaciones utilizan las necesidades económicas reales y frecuentemente urgentes de los compañeros víctimas de la dictadura, para desviar el camino que lleva al juicio y castigo a los genocidas. Alertamos a los compañeros que fuerzas oscuras están presentando alternativas desviacionistas y que pretenden confundir nuestro objetivo que fue, y es enjaular a los criminales de lesa humanidad. Nuestro Colectivo, ha seguido un camino recto, claro y fundamentalmente: somos querellantes penales particulares.
Esta etapa marcada por las querellas penales particulares encuentra a nuestro Colectivo con una historia que podemos mostrar. Nuestra organización protagonizó abiertamente, ( está documentado ) la lucha por la creación de la Defensoría del Pueblo. Podemos decir, que luego le arrancamos al stronismo sin stroessner la 838 / 96 y la 3603/ 08. Gracias a esa lucha, en Paraguay, el poder judicial ya ha reconocido como objetos procesales, válidos, los relatos incluidos en las resoluciones de “Reparación … “ Es posible reducir a los terroristas de estado, nuestra organización lo demostró en la Audiencia Pública Internacional realizada en Buenos Aires, donde logramos la destitución del actual senador por la ANR, Doctor, Orlando Fiorotto, del cargo de embajador por su pasado stronista. En Buenos Aires, nuestro organismo recibió 8 veces al Defensor del Pueblo, para que 200 compañeros pudiesen abrir su expediente para alcanzar la resolución del Poder Judicial.
Pero el objetivo era y fue siempre el relatorio de las violaciones a los DD.HH. incluido en dicha resolución. Hoy, con la resolución en la mano, cualquier compañero puede iniciar una querella penal contra sus represores.
El Estado de Paraguay, no está siguiendo el camino correcto en materia de DD.HH., por eso denunciamos en nuestra nota anterior la solución biológica, dada a los genocidas. Explicábamos que los 696 represores identificados por la CV y J ( en realidad hay que identificar miles de represores aún ) son la guardia pretoriana de un régimen social injusto. Por eso, repudiamos la ley anti terrorista, los procesados por luchar, los presos políticos, los refugiados políticos, los jueces probos sancionados ( en algunos casos destituidos ) por fallar conforme a derecho, en favor de los campesinos que luchan por la reforma agraria.
Cuando nuestra compañera Teresita Asilvera escrachó al fiscal asesino Rogelio Ortuzar en los pasillos del Palacio de Justicia, observamos que no estaba “culturalmente” preparado para comprender el “hecho político nuevo.” Con esto se demostró que el repudio a un terrorista de estado es un “impensable social” en Paraguay.
No estamos frente a una teorización vacía, sino un diagnóstico de las nulas posibilidades, que tenemos de esperar alguna sensibilidad o algún rastro de humanidad en la conciencia de los terroristas de estado.
Tampoco es una formulación vacía, si la utilizamos para señalar la imposibilidad de la misma sociedad en Paraguay ( y de algunas organizaciones sociales ) de captar la relación real y concreta que existe entre la impunidad de los crímenes de la dictadura y el régimen crecientemente injusto que sufrimos en nuestro país. La expropiación de la tierra a los campesinos a manos de los agronegocios y el latifundio se sostiene con la creciente militarización y en consecuencia la creciente violencia social. Veíamos con profundo dolor pero sin sorpresa como, el 11 de abril pasado, en la zona de Arroyito, Departamento de Concepción, de manera inmisericorde era baleado el joven Ledesma, sordomudo, por las FOPE en un procedimiento de “gatillo fácil” ( a la argentina ) que recuerda los “falsos positivos” (a la colombiana. )
Las comunidades campesinas que aún resisten al embate represor, son sometidas al envenamiento masivo con glifosato. Lo que llamamos agricultura sin agricultores impide, además, la alimentación correcta de los niños. El 15 de abril, el director de la Décima Región Sanitaria, Héctor Arnella denunció que “ser pobre es mortal para los niños en Alto Paraná. Las primeras causas de muerte de los niños que pasaron los 40 días de nacidos y son menores de 5 años tienen relación con las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven sus familias. El 30% de los niños que consultan en hospitales y puestos de Salud Pública en Alto Paraná, está desnutrido o en riesgo de desnutrición. Y a la falta de alimentos se suma la ingesta de agua no potable y una exposición directa a los cambios del clima sin que el organismo pueda defenderse. Es por eso que están falleciendo de hambre, diarrea y enfermedades respiratorias.”
Los beneficiarios directos del régimen tiránico del stronismo sin stroessner, son incapaces de la más mínima responsabilidad social, se comportan como lo que son, una fuerza militar de ocupación. Han facilitado con sus diques la gigantesca inundación, que castiga directamente al campesinado o indirectamente por la vía del dengue. Este mes, latifundistas impidieron por la fuerza la detonación de una represa instalada a la altura del km 35 de la ruta General Díaz, por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas, juntamente con representantes del Ministerio Público y la Secretaría del Ambiente (Seam), aduciendo que se trata de un puente que fue construido por inversión privada.
Este escenario social de indefensión de las mayorías en Paraguay, tiene como consecuencia, el desplazamiento forzoso a los prostíbulos, los talleres de trabajo clandestino del exterior y en menor medida a las maquilas en nuestro territorio. La prensa local denunció que “las paraguayas se “rematan” a 20 euros la hora en España - Antes, el servicio completo de las compatriotas costaba un mínimo de 50 euros.” Agregaron. Jovencitas de 18 hasta maduras de 42 años, son obligadas por el régimen a “atender” 10 clientes por día. La mayoría son casadas, con varios hijos en nuestro país. “A sus familiares les hacían creer que trabajaban de “internas” (empleada sin retiro), con un sueldo mensual de tan sólo 650 a 850 euros, de los cuales enviaban una remesa de 300 a 450 euros mensuales.”
Nosotros seguiremos, por eso concluimos que hay que desmontar el mecanismo estatal de impunidad como única garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de estado. En este sentido, nos ratificamos en los objetivos de la Campaña “Querellar a los represores de la dictadura stronista, es frenar la represión del pueblo campesino en Paraguay.”
Entendemos que el éxito de nuestro intento depende de profundizar la lucha por más democracia y por la unidad latinoamericana. Dicha lucha tiene su obstáculo principal en el Congreso y por último, sabemos que la impunidad del terrorismo de estado y la represión a los campesinos es financiada y promovida por la embajada de EE.UU. En Paraguay, los núcleos duros de la impunidad, se ubican con claridad en la embajada de EEUU en Asunción y en el Congreso.
Dada la situación planteada por la justa y necesaria no renovación del cargo de los 7 cortesanos, abrimos una consulta fraternal, de la cual salga una resolución que decida las medidas que impidan el regreso al Palacio de Justicia de estos jueces. Los sectores reaccionarios se hacen fuertes en sus despachos del congreso, encabezando la intentona para conseguir dicho regreso, mediante una reforma de la Constitución Nacional ( C.N. ) sin la intervención del pueblo. Frente a la confusión reinante, aún entre nuestros compañeros. Nosotros vemos con claridad que una Constituyente daría lugar a un reforma conservadora, si aún fuese posible redactar algo más conservador que nuestra C.N. ( recordemos que la redacción de la CN – 1992 -, fue monitoreada por la UsAid, según declarase recientemente la directora de esa usina de corrupción y cooptación de referentes sociales, Rose Rankas ) y aún más, una constituyente en el actual escenario político daría lugar a una reforma reaccionaria de nuestra C.N. Denunciamos firmemente esta provocación, porque los integrantes de la Constituyente serían aportados por el sistema electoral del actual stronismo sin stroessner, cuyo funcionamiento impidió la participación del 55 % del padrón nacional. Si estos datos objetivos no bastasen, cumplimos en señalar que el Tribunal Superior Electoral esta controlado por la banda del terrorista de estado de Juan Manuel Morales, quien, últimamente, tiene como misión bloquear la voluntad política de los paraguayos arrojados violentamente hacia el exterior por los agentes de los intereses de la oligarquía y los yanquis.
Estos tres elementos bastarían para concluir que semejante Constitución salida desde una constituyente dominada por las fuerzas políticas de la reacción, los agronegocios y los intereses imperialistas de EE.UU. no sería beneficiosa para el pueblo.
Denunciamos que la injerencia de los EE.UU tiene como resultado la militarización de nuestra sociedad, en particular el departamento de Concepción. El Curso de Operaciones Rurales dado a la FOPE en el citado departamento, es impartido por el brazo legal del paramilitarismo y el narcotráfico, es decir por los policías colombianos del Gaula, con la presencia abierta del embajador de EE.UU. Thessin. A pesar de nuestras denuncias, los cursillistas de la FOPE siguen bajo el mando del jefe de policía de Concepción, comisario Antonio Gamarra, elemento impuesto por la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo ( SePrInTe, ) la cual, cumple las funciones de oficina de represión política y “afines “ que, durante el stronismo cumplía la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, a la cual llamábamos la “Técnica.” En nuestro comunicado, anterior demostramos con estas denuncias que la Doctrina de Seguridad Nacional y la SePrInTe, son las herramientas que utilizan los agentes de los intereses imperialistas de EE.UU. para acallar las voces opositoras ( y aún impugnadoras ) al saqueo de los bienes naturales, al agronegocio, al latifundio, al neoliberalismo y al régimen de Tratados de Libre Comercio ( T.L.C.’s) en nuestros países latinoamericanos. Efectivamente, la injerencia norteamericana tiene la misión de romper, o debilitar el Mercosur, el UNASUR, para así destruir las posibilidades de alcanzar la soberanía alimentaria, energética y desmantelar la producción para el mercado interno en la región.
Frente a este escenario, decimos con claridad, que solo nos queda pronunciamos en favor de la lucha antiimperialista, por más democracia y en favor de la Unidad Latinoamericana. Llamamos enérgicamente a las organizaciones del campo popular y campesino a sumarse a nuestro pronunciamiento dirigido a los legisladores paraguayos. Consideramos prioritario centrar nuestra actividad sobre el Congreso de Paraguay, para que finalmente apruebe el ingreso de Venezuela al Mercosur y para que apruebe la firma, con la cual, el presidente Lugo ratificó el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la democracia en el Mercosur (Ushuaia II.)
Exigimos la expulsión de Thessin, embajador de EEUU en Paraguay y el retiro de instructores Colombianos y de EEUU.
Proponemos que para las próximas elecciones los Partidos Políticos se pronuncien con claridad en el programa de gobierno, en referencia a la inclusión o no, de las querellas particulares penales en el Código Procesal Penal. Anulación ya de la ley antiterrorista.
Exigimos la inmediata libertad de los presos políticos y el desprocesamiento de los luchadores populares
Exigimos al gobierno el desmantelamiento de la SePrInTe y la desmilitarización de nuestra sociedad. Exigimos la remoción del comisario Antonio Gamarra de la jefatura de Policía de Concepción. Exigimos que se nos entregue la lista de genocidas stronistas.
Nuevos compañeras y compañeros Víctimas de la Dictadura Stronista, han iniciado querellas penales particulares contra los terroristas de estado de la dictadura stronista, y piensan hacerlo muchos más, hasta que enjaulemos el último criminal de lesa humanidad.
Exigimos a las autoridades responsables que entreguen el listado de represores.
Vemos con preocupación, que algunas organizaciones utilizan las necesidades económicas reales y frecuentemente urgentes de los compañeros víctimas de la dictadura, para desviar el camino que lleva al juicio y castigo a los genocidas. Alertamos a los compañeros que fuerzas oscuras están presentando alternativas desviacionistas y que pretenden confundir nuestro objetivo que fue, y es enjaular a los criminales de lesa humanidad. Nuestro Colectivo, ha seguido un camino recto, claro y fundamentalmente: somos querellantes penales particulares.
Esta etapa marcada por las querellas penales particulares encuentra a nuestro Colectivo con una historia que podemos mostrar. Nuestra organización protagonizó abiertamente, ( está documentado ) la lucha por la creación de la Defensoría del Pueblo. Podemos decir, que luego le arrancamos al stronismo sin stroessner la 838 / 96 y la 3603/ 08. Gracias a esa lucha, en Paraguay, el poder judicial ya ha reconocido como objetos procesales, válidos, los relatos incluidos en las resoluciones de “Reparación … “ Es posible reducir a los terroristas de estado, nuestra organización lo demostró en la Audiencia Pública Internacional realizada en Buenos Aires, donde logramos la destitución del actual senador por la ANR, Doctor, Orlando Fiorotto, del cargo de embajador por su pasado stronista. En Buenos Aires, nuestro organismo recibió 8 veces al Defensor del Pueblo, para que 200 compañeros pudiesen abrir su expediente para alcanzar la resolución del Poder Judicial.
Pero el objetivo era y fue siempre el relatorio de las violaciones a los DD.HH. incluido en dicha resolución. Hoy, con la resolución en la mano, cualquier compañero puede iniciar una querella penal contra sus represores.
El Estado de Paraguay, no está siguiendo el camino correcto en materia de DD.HH., por eso denunciamos en nuestra nota anterior la solución biológica, dada a los genocidas. Explicábamos que los 696 represores identificados por la CV y J ( en realidad hay que identificar miles de represores aún ) son la guardia pretoriana de un régimen social injusto. Por eso, repudiamos la ley anti terrorista, los procesados por luchar, los presos políticos, los refugiados políticos, los jueces probos sancionados ( en algunos casos destituidos ) por fallar conforme a derecho, en favor de los campesinos que luchan por la reforma agraria.
Cuando nuestra compañera Teresita Asilvera escrachó al fiscal asesino Rogelio Ortuzar en los pasillos del Palacio de Justicia, observamos que no estaba “culturalmente” preparado para comprender el “hecho político nuevo.” Con esto se demostró que el repudio a un terrorista de estado es un “impensable social” en Paraguay.
No estamos frente a una teorización vacía, sino un diagnóstico de las nulas posibilidades, que tenemos de esperar alguna sensibilidad o algún rastro de humanidad en la conciencia de los terroristas de estado.
Tampoco es una formulación vacía, si la utilizamos para señalar la imposibilidad de la misma sociedad en Paraguay ( y de algunas organizaciones sociales ) de captar la relación real y concreta que existe entre la impunidad de los crímenes de la dictadura y el régimen crecientemente injusto que sufrimos en nuestro país. La expropiación de la tierra a los campesinos a manos de los agronegocios y el latifundio se sostiene con la creciente militarización y en consecuencia la creciente violencia social. Veíamos con profundo dolor pero sin sorpresa como, el 11 de abril pasado, en la zona de Arroyito, Departamento de Concepción, de manera inmisericorde era baleado el joven Ledesma, sordomudo, por las FOPE en un procedimiento de “gatillo fácil” ( a la argentina ) que recuerda los “falsos positivos” (a la colombiana. )
Las comunidades campesinas que aún resisten al embate represor, son sometidas al envenamiento masivo con glifosato. Lo que llamamos agricultura sin agricultores impide, además, la alimentación correcta de los niños. El 15 de abril, el director de la Décima Región Sanitaria, Héctor Arnella denunció que “ser pobre es mortal para los niños en Alto Paraná. Las primeras causas de muerte de los niños que pasaron los 40 días de nacidos y son menores de 5 años tienen relación con las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven sus familias. El 30% de los niños que consultan en hospitales y puestos de Salud Pública en Alto Paraná, está desnutrido o en riesgo de desnutrición. Y a la falta de alimentos se suma la ingesta de agua no potable y una exposición directa a los cambios del clima sin que el organismo pueda defenderse. Es por eso que están falleciendo de hambre, diarrea y enfermedades respiratorias.”
Los beneficiarios directos del régimen tiránico del stronismo sin stroessner, son incapaces de la más mínima responsabilidad social, se comportan como lo que son, una fuerza militar de ocupación. Han facilitado con sus diques la gigantesca inundación, que castiga directamente al campesinado o indirectamente por la vía del dengue. Este mes, latifundistas impidieron por la fuerza la detonación de una represa instalada a la altura del km 35 de la ruta General Díaz, por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas, juntamente con representantes del Ministerio Público y la Secretaría del Ambiente (Seam), aduciendo que se trata de un puente que fue construido por inversión privada.
Este escenario social de indefensión de las mayorías en Paraguay, tiene como consecuencia, el desplazamiento forzoso a los prostíbulos, los talleres de trabajo clandestino del exterior y en menor medida a las maquilas en nuestro territorio. La prensa local denunció que “las paraguayas se “rematan” a 20 euros la hora en España - Antes, el servicio completo de las compatriotas costaba un mínimo de 50 euros.” Agregaron. Jovencitas de 18 hasta maduras de 42 años, son obligadas por el régimen a “atender” 10 clientes por día. La mayoría son casadas, con varios hijos en nuestro país. “A sus familiares les hacían creer que trabajaban de “internas” (empleada sin retiro), con un sueldo mensual de tan sólo 650 a 850 euros, de los cuales enviaban una remesa de 300 a 450 euros mensuales.”
Nosotros seguiremos, por eso concluimos que hay que desmontar el mecanismo estatal de impunidad como única garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de estado. En este sentido, nos ratificamos en los objetivos de la Campaña “Querellar a los represores de la dictadura stronista, es frenar la represión del pueblo campesino en Paraguay.”
Entendemos que el éxito de nuestro intento depende de profundizar la lucha por más democracia y por la unidad latinoamericana. Dicha lucha tiene su obstáculo principal en el Congreso y por último, sabemos que la impunidad del terrorismo de estado y la represión a los campesinos es financiada y promovida por la embajada de EE.UU. En Paraguay, los núcleos duros de la impunidad, se ubican con claridad en la embajada de EEUU en Asunción y en el Congreso.
Dada la situación planteada por la justa y necesaria no renovación del cargo de los 7 cortesanos, abrimos una consulta fraternal, de la cual salga una resolución que decida las medidas que impidan el regreso al Palacio de Justicia de estos jueces. Los sectores reaccionarios se hacen fuertes en sus despachos del congreso, encabezando la intentona para conseguir dicho regreso, mediante una reforma de la Constitución Nacional ( C.N. ) sin la intervención del pueblo. Frente a la confusión reinante, aún entre nuestros compañeros. Nosotros vemos con claridad que una Constituyente daría lugar a un reforma conservadora, si aún fuese posible redactar algo más conservador que nuestra C.N. ( recordemos que la redacción de la CN – 1992 -, fue monitoreada por la UsAid, según declarase recientemente la directora de esa usina de corrupción y cooptación de referentes sociales, Rose Rankas ) y aún más, una constituyente en el actual escenario político daría lugar a una reforma reaccionaria de nuestra C.N. Denunciamos firmemente esta provocación, porque los integrantes de la Constituyente serían aportados por el sistema electoral del actual stronismo sin stroessner, cuyo funcionamiento impidió la participación del 55 % del padrón nacional. Si estos datos objetivos no bastasen, cumplimos en señalar que el Tribunal Superior Electoral esta controlado por la banda del terrorista de estado de Juan Manuel Morales, quien, últimamente, tiene como misión bloquear la voluntad política de los paraguayos arrojados violentamente hacia el exterior por los agentes de los intereses de la oligarquía y los yanquis.
Estos tres elementos bastarían para concluir que semejante Constitución salida desde una constituyente dominada por las fuerzas políticas de la reacción, los agronegocios y los intereses imperialistas de EE.UU. no sería beneficiosa para el pueblo.
Denunciamos que la injerencia de los EE.UU tiene como resultado la militarización de nuestra sociedad, en particular el departamento de Concepción. El Curso de Operaciones Rurales dado a la FOPE en el citado departamento, es impartido por el brazo legal del paramilitarismo y el narcotráfico, es decir por los policías colombianos del Gaula, con la presencia abierta del embajador de EE.UU. Thessin. A pesar de nuestras denuncias, los cursillistas de la FOPE siguen bajo el mando del jefe de policía de Concepción, comisario Antonio Gamarra, elemento impuesto por la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo ( SePrInTe, ) la cual, cumple las funciones de oficina de represión política y “afines “ que, durante el stronismo cumplía la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, a la cual llamábamos la “Técnica.” En nuestro comunicado, anterior demostramos con estas denuncias que la Doctrina de Seguridad Nacional y la SePrInTe, son las herramientas que utilizan los agentes de los intereses imperialistas de EE.UU. para acallar las voces opositoras ( y aún impugnadoras ) al saqueo de los bienes naturales, al agronegocio, al latifundio, al neoliberalismo y al régimen de Tratados de Libre Comercio ( T.L.C.’s) en nuestros países latinoamericanos. Efectivamente, la injerencia norteamericana tiene la misión de romper, o debilitar el Mercosur, el UNASUR, para así destruir las posibilidades de alcanzar la soberanía alimentaria, energética y desmantelar la producción para el mercado interno en la región.
Frente a este escenario, decimos con claridad, que solo nos queda pronunciamos en favor de la lucha antiimperialista, por más democracia y en favor de la Unidad Latinoamericana. Llamamos enérgicamente a las organizaciones del campo popular y campesino a sumarse a nuestro pronunciamiento dirigido a los legisladores paraguayos. Consideramos prioritario centrar nuestra actividad sobre el Congreso de Paraguay, para que finalmente apruebe el ingreso de Venezuela al Mercosur y para que apruebe la firma, con la cual, el presidente Lugo ratificó el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la democracia en el Mercosur (Ushuaia II.)
Exigimos la expulsión de Thessin, embajador de EEUU en Paraguay y el retiro de instructores Colombianos y de EEUU.
Proponemos que para las próximas elecciones los Partidos Políticos se pronuncien con claridad en el programa de gobierno, en referencia a la inclusión o no, de las querellas particulares penales en el Código Procesal Penal. Anulación ya de la ley antiterrorista.
Exigimos la inmediata libertad de los presos políticos y el desprocesamiento de los luchadores populares
Exigimos al gobierno el desmantelamiento de la SePrInTe y la desmilitarización de nuestra sociedad. Exigimos la remoción del comisario Antonio Gamarra de la jefatura de Policía de Concepción. Exigimos que se nos entregue la lista de genocidas stronistas.
Mayo de 2012 –
Colectivo de Ex Detenidas Políticas del Paraguay “Carmen Soler”
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