Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo del 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. Esta Comisión es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las victimas y acompañar sus procesos de dignificación, denuncia y resistencia, desde la sociedad civil internacional y teniendo en mente que “las voces de los silenciados serán escuchadas”.
En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena Embera y Afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la Primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al “Encuentro de familiares de victimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia” que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos” [1], así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.
En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas –y/o sus paramilitares-
Estas prácticas aberrantes se presentan como “resultados” de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran “prescindibles”. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de “limpieza social”, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado, su política de Estado.
La impunidad es una característica común de estos crímenes en los que sus perpetradores no son investigados ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la Procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.
Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado
La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que dado el estatus e influencia de los investigados --en los lugares donde ocurrieron los hechos--, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias
También la Comisión destaca una militarizació
[1] Nota de Tlaxcala: " falsos positivos " son los civiles asesinados y posteriormente presentados como "bajas de la guerrilla en combate", cuyos cadáveres son uniformados y armados por los victimarios para cobrar las recompensas, estímulos y ascensos que Uribe ofrece. Los familiares de las víctimas se oponen a este término y se refieren a "ejecuciones extrajudiciales como crimenes de Estado".
Fuente: La Jornada
Gilberto López y Rivas es antropólogo mexicano.
Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística, ha traducido este artículo a las siguientes lenguas:
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Marcos Jesús Concepción Albala
Director de Argos Is-Internacional
MIEMBRO DE LA 'CAMACOL' Y DE LA 'FELAP'
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