URIBE...un verdadero “show político”

Uribe en Colombia ha dado inicio al programa que el Gobierno Nacional llama de reparación por vía administrativa: la entrega de ayudas a un grupo de víctimas presentadas como actos de reparación. Como en el caso de otros programas de índole asistencial que promueve esta administración, la entrega de los dineros se convierte en un verdadero “show político” transmitido por televisión. El Presidente, fungiendo de mecenas, entrega personalmente cheques a las víctimas y pide perdón: “Yo, con la responsabilidad de ser Presidente de la República, quiero pedirles perdón a todos los colombianos”.

- ¿Por qué pide perdón el Presidente de la República, por su estrecha amistad con el clan narcotraficante de los Ochoa, por los crímenes del grupo ‘Los doce apóstoles’, por la creación de las empresas Convivir, por la masacre de El Aro, por haber aceptado dineros sucios para financiar la campaña electoral en 2002, por haber promovido el cohecho para su reelección, por haber llevado al DAS a funcionarios corruptos, por permitir que sus hijos se lucren de negocios a expensas del Poder Ejecutivo?

- ¿Está dispuesto el presidente Uribe a contribuir a que estos y otros hechos ligados a su gobierno se diluciden plenamente y sus responsables comparezcan ante los jueces?

- ¿A quién pide perdón el Presidente? ¿A las víctimas de los paramilitares que fueron enterradas en fosas comunes en las regiones de influencia de sus socios parapolíticos, a las madres de los jóvenes que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales bajo la política de seguridad democrática, a los campesinos de Córdoba y Sucre?

- ¿A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que han sido espiados por el tenebroso G-3 del DAS?
- ¿Se arrepiente el presidente Uribe de esos hechos? No parece ser así.

El Presidente de la República simuló pedir perdón a través de un discurso genérico y abstracto. No sorprende que esa clase de solicitud pública suscite vivos elogios del presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro. Su función no es defender los derechos de las víctimas, sino justificar lo que hace el Gobierno. Para eso lo nombraron. Para eso le pagan.

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EL ABOGADO DE LAS VICTIMAS DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIApor José Granados Fernández y Germán Corcho

Muchas de las personas (o jefes de las AUC) involucradas en este proceso para-corporativo han ido a versiones libres (de la Ley de Justicia y Paz) y han nombrado a empresas estadounidenses que les aportaron dinero. En el caso de Chiquita, dentro del proceso de sentencia anticipada, ellos enviaron documentos de todos los pagos que hicieron y allí hemos visto situaciones reveladoras al respecto. También hemos visto de Drummond y de Dole. Salvatore Mancuso y Jorge 40 han dicho que las empresas hicieron estos pagos, pero lo que necesitamos es la documentación específica de cuánto y cuándo lo hicieron.

El abogado Terrence Collinsworth no duda en afirmar que la administració n del ex presidente George W. Bush obstaculizó la justicia de Estados Unidos en el caso de las multinacionales de ese país que financiaron al paramilitarismo en Colombia, dineros con los cuales fueron asesinados sindicalistas, obreros y dirigentes comunitarios en las macabras jornadas de ‘limpieza social’ que llevaron a cabo estos grupos criminales en los años 90 en la Costa Caribe. Collinsworth llegó a Barranquilla a entrevistarse con familiares de las víctimas y conseguir más evidencias, las que, a su juicio, no buscó el Departamento de Estado en el gobierno Bush. “Están tratando de proteger a criminales corporativos”, dijo al referirse a ejecutivos de empresas estadounidenses bananeras, mineras y del sector de las gaseosas. En entrevista con EL HERALDO, el director del International Labour Rights Forum, expresó que el gobierno de Barack Obama tiene un gran reto en este caso para castigar la flagrante violación de los Derechos Humanos y juzgar a quienes alimentaron el monstruo del proceso para-corporativo: Eric Holder Jr. fue defensor de la bananera Chiquita Brands, pero hoy es el fiscal general de Estados Unidos, cargo desde el cual debería acusar a estas compañías. ¿Cómo ve la situación en que se encuentra uno de los funcionarios más importantes del Gobierno de Obama? Durante el proceso de confirmación de Eric Holder como Fiscal muchos periodistas y otras personas en Estados Unidos me llamaron para preguntarme qué pensaba de esta situación, y les dije que él está en una situación bastante delicada. Muchos esperan que tenga la mejor de las actuaciones frente a estos casos. El Presidente de EU le ha lanzado al mundo el mensaje de que su administració n respetará y hará respetar los Derechos Humanos. Frente a esa política mundial de Obama, ¿cuál es el papel que Holder debe cumplir frente a estas multinacionales y en especial a Chiquita Brands que ya admitió, cuando el hoy Fiscal la defendía, que sí financió a paramilitares? Después de que asumió el cargo, decidimos que era mejor dejarlo trabajar por un rato pues ha tenido asuntos importantes que atender como el caso de Guantánamo o la guerra en Irak. Pero, pensamos que ha llegado el momento de comenzar a ver qué va a pasar (con el fiscal Holder) con la financiación a los paramilitares. ¿En EU hay mucha gente e instituciones civiles con los ojos puestos sobre la administració n Obama, esperando sus actuaciones frente a esta situación que afectó a cientos de miles de familias en nuestro país? Sí, hay una enorme expectativa. Digamos que en un comienzo los grupos de Derechos Humanos en Estados Unidos tuvieron mucha paciencia con Holder, a la espera de lo que debe hacer en el caso de los paramilitares. Ahora se está perdiendo esa paciencia porque ya se sabe que Chiquita, aceptado por ellos mismos, es una empresa que le ha pagado a un grupo formalmente declarado terrorista. Nosotros estamos coordinando acciones con el Congreso estadounidense para observar, evaluar y exigir resultados al Fiscal General en estos casos de Colombia. Está claro que el Departamento de Estado de mi país, inexplicablemente, no buscó evidencias fuertes cuando el primer proceso contra Chiquita. Ahora nosotros lo estamos haciendo para usarlas en las Cortes. ¿Al señalar que el Departamento de Estado no buscó evidencias, está diciendo que el Gobierno de EU trató de no darse cuenta de la gravedad de estos hechos sucedidos en Colombia? Puedo decir con absoluta certeza que la administració n de George Bush no quería saber nada de lo que estaba pasando sobre estos procesos de los paramilitares. El nuevo gobierno heredó este problema y debe buscar que haya justicia. En este momento lo sucedido con las bananeras está en el puesto diez de prioridad (para el gobierno de Obama) pero queremos que sea, por lo menos, la tercera prioridad de los problemas que deben ser atendidos en cuanto a violación de Derechos Humanos, con participación de empresas de EU. Disculpe que le precise. ¿La administració n Bush no quiso darse cuenta de la relación de estas empresas con el paramilitarismo? Es correcto. De hecho vi documentos en los que un miembro de la Junta Directiva de Chiquita Brands fue al Departamento de Justicia estadounidense y confesó los pagos que hizo a los paramilitares, pero el Departamento de Justicia tardó un año para hacer algo al respecto. ¡Increíble! La administració n Bush decidió, en el primer proceso que se realizó, que los doce miembros de la Junta Directiva de Chiquita no necesitaban dar sus nombres y los ocultó, de manera que ninguno de ellos pagó alguna multa como responsable de lo sucedido y mucho menos se ha hablado de encarcelarlos. Pero, ¿esa actuación de la administració n Bush no fue acaso una obstrucción a la Justicia de EU? Sí es obstrucción, y es una manera de proteger a personas poderosas y a criminales corporativos para que puedan ocultarse detrás de las imágenes de estas empresas. ¿Dentro de las pruebas que ha recogido, cuál es la certeza que tiene de cómo se hicieron esas financiaciones? No puedo decir lo que está sucediendo hoy, pero sí tengo información de lo sucedido. ¿Y qué sucedió? Muchas de las personas (o jefes de las AUC) involucradas en este proceso para-corporativo han ido a versiones libres (de la Ley de Justicia y Paz) y han nombrado a empresas estadounidenses que les aportaron dinero. En el caso de Chiquita, dentro del proceso de sentencia anticipada, ellos enviaron documentos de todos los pagos que hicieron y allí hemos visto situaciones reveladoras al respecto. También hemos visto de Drummond y de Dole. Salvatore Mancuso y Jorge 40 han dicho que las empresas hicieron estos pagos, pero lo que necesitamos es la documentación específica de cuánto y cuándo lo hicieron. ¿Llamará usted a Mancuso y a Jorge 40, presos en EU, a que testifiquen contra estas compañías? Sí, pero tienen el derecho de rechazar esta petición si quieren. Ellos están en Estados Unidos y soy muy optimista de que hablarán, porque ya han dado a conocer situaciones de las financiaciones de manera muy general. ¿Piensa que con todo lo revelado, la culpa que admitió Chiquita y lo que han confesado los jefes paras, el Gobierno de EU les debe una disculpa a las familias a las que las AUC les asesinaron seres queridos? La mejor disculpa que puede ofrecerle Estados Unidos al pueblo colombiano es encarcelar a los responsables de financiar estos crímenes, con lo cual el Gobierno estadounidense le enviará un mensaje a sus empresas y empresarios: nadie puede volver a hacer jamás estas cosas aberrantes porque de lo contrario serán castigados. Eso sería mejor que una simple disculpa sin acciones fuertes de la Justicia. ¿Es decir, en el caso de Colombia el gobierno de Obama debe pasar del anuncio de una nueva política en defensa de los Derechos Humanos y pedir severos castigos con lo que haría todo lo contrario a lo que hizo Bush? Así es. Ese es el gran reto que tiene el nuevo Presidente. El camino de las demandas Las versiones libres de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, integran el paquete de pruebas de Terrence Collinsworth para fundamentar las demandas contra Chiquita Brands Inc. y Dole Food Co. La de Chiquita tiene mejor desarrollo, no solo porque fue la primera interpuesta ante un juzgado norteamericano (Distrito de Florida en 2008) y la cantidad de víctimas representadas (1.500), sino porque las directivas de la empresa aceptaron haber pagado a paramilitares entre 1997 y 2003. “Veremos efectos más rápidos porque se acogieron a sentencia anticipada y esperamos llegar a un acuerdo”, estimó Collinsworth. Otros 4 grupos de abogados iniciaron procesos contra Chiquita, por lo que se consolidaron en uno solo. En el caso de Dole, Collinsworth instauró en abril una demanda en la Corte del estado de California, donde la compañía tiene sus oficinas. “Empezamos con 73 víctimas, pero tenemos cientos más que entregaremos en un futuro”, precisó. Las víctimas interesadas en ser representadas deben tener en cuenta que hay límites estrictos para presentar sus casos en EU. “Podemos representar masacres, torturas, asesinatos, tratamiento inhumano. Infortunadamente el desplazamiento no es causal de demanda en estos procesos”.

Tomado de El Heraldo: Habla el abogado de 1.573 víctimas