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lunes, 25 de julio de 2011

2 años de Impunidad.‏,Méx. Boletín de Prensa: Caso Fermín Mariano Matías.

PUEBLA A 25 JULIO DE 2011

A DOS AÑOS DE LA DETENCIÓN DESAPARICION Y ASESINATO DEL LUCHADOR SOCIAL FERMÍN MARIANO MATÍAS

FAMILIARES, AMIGOS Y COMPAÑEROS DE LUCHA EXIGIMOS:
¡¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES!!

Y NUESTRA CONVICCIÓN ES:
¡¡NI PERDÓN NI OLVIDO!!

Fermín Mariano Matías fue un luchador social destacado, atleta amateur, había egresado de la Maestría en Geofísica de la UNAM, compañero de lucha, consecuente ideológica y políticamente en su vida cotidiana como ser humano y  luchador social, joven valioso que contribuía a democratizar nuestro país de manera desinteresada.

Fermín fue detenido desaparecido el día 18 de junio del 2009, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala informó que el cuerpo fue encontrado desde el 26 de junio y lo  mantuvo en la morgue hasta el 20 de julio, fecha en que fue sepultado en la fosa común. De acuerdo a las investigaciones, estudios periciales y de balística oficialmente se concluye, que su muerte se debió a un choque hipovolémico secundario ocasionado por proyectil que penetro en el tórax y otras partes de su cuerpo a corta distancia. Seis balas necesitaron para finalizar físicamente con su vida, mas no así con su legado ejemplar, como compañero de lucha y sobre todo por su consecuencia ideológica-política que se materializaba en cada uno de sus actos cotidianos de su vida como ser humano y  luchador social.

La perdida de Fermín Mariano fue mediante una detención-desaparición y ejecución, consumándose un crimen de Estado más contra un luchador social. Tanto la detención desaparición forzada y el asesinato por motivos políticos es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, acuerdo multinacional convertido en norma universal en materia de Derechos Humanos, cuya tipificación establece que los responsables inmediatos y principales de esta atroz práctica es el Estado y la administración en turno del régimen prevaleciente de  la nación en que se cometió este crimen, aplicándose en todo el territorio en los tres órdenes de gobierno, y todas y cada una de sus instituciones y poderes de la unión, recayendo dicha responsabilidad  de autoría material en las entidades de administración-procuración de justicia y el aparato de represión policiaco militar del Estado, en la mayoría de los casos.

En nuestro País la responsabilidad recae en el jefe del Estado mexicano y comandante supremo de las fuerzas armas, el poder judicial federal y estatal, es decir Felipe Calderón, el procurador general de la República de ese año, los gobernadores y procuradores de Puebla y Tlaxcala, como los jefes policiacos de ese tiempo, y mientras este crimen no se esclarezca, se lleven a juicio a los responsables y se les castigue, la responsabilidad no prescribe para quienes ostentaron estos cargos y se amplía la culpabilidad por omisión e indolencia a  los funcionarios actuales.

Desde el día de la desaparición de Fermín hasta el momento que la procuraduría de Tlaxcala hizo público su paradero, se vertieron diferentes y equivocadas aseveraciones en medios de comunicación impresos y electrónicos, al interior de los principales partidos políticos (PRI, PRD y PAN), en los respectivos gobiernos de Tlaxcala y Puebla, en los pasillos de la BUAP, principalmente en la rectoría y las estructuras administrativas y de seguridad que depende de ésta. Todos aludían sin revelar la fuente sobre los motivos y condición de detenido desparecido, militancia y vida personal de nuestro compañero.

Quienes secundan y difunden estas filtraciones pudieron hacerlo por candidez en el trabajo periodístico, incluso con buena intención de contribuir con el esclarecimiento del caso, hay otros, los de siempre, por cobrar notoriedad en su trabajo,  a cambio de prebendas en especie y económicas, y los que funcionan ya como medios de comunicación y voceros personales del Estado mexicano y la rectoría, dichos y escritos que se inscribe en la difamación, desprestigio y criminalización de un luchador social con la finalidad de justificar social, política y jurídicamente el crimen de que fue objeto, porque desde el Estado al ser un “subversivo” o un “agitador” se hace acreedor a ese trato inhumano y merecía que su muerte física fuera de esa manera.

A dos años de su pérdida física hay quienes persisten en este tipo de señalamientos y actitudes, de calumniar y criminalizar, sin embargo, ninguno de los mencionados del pasado y presente, medios de comunicación y personas, exigió de manera clara y frontal su presentación, juicio y castigo a los responsables  de este crimen, ninguno de ellos ha gastado saliva y tinta en esa actitud humana, por comisión, omisión e inocencia se han convertido en caja de resonancia de la política contrainsurgente y criminalizadora del Estado mexicano y sus actuales administradores panistas.
         
Como antecedentes del caso, el día 28 de julio de manera sesgada La Jornada de Oriente publicó que “Fermín Mariano Matías tenía relación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), dado que este grupo armado había hecho público un documento en el que exigía su presentación”. Aseveración que se desmiente de manera fehaciente al buscar en las páginas electrónicas y el órgano oficial de prensa del grupo revolucionario mencionado donde no  se ha encontrado hasta ahora dicho documento. Nota periodística que tiene su origen en las filtraciones recurrentes que desde las oficinas de inteligencia (CISEN e inteligencia militar)  del Estado mexicano se sueltan como parte de sus tareas de contrainsurgencia y la táctica actual de criminalizar la protesta social y lucha popular, sin importar que individuo se haya asumido como vehículo conductor de ese equivocado y doloso señalamiento.

 En esa misma nota menciona que Fermín tenía seguimiento por parte del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN). No obstante la alusión el CISEN y el señalamiento de labores políticos-policiacas en contra de nuestro compañero, hasta el momento el CISEN no ha ratificado o rectificado oficialmente la veracidad del señalamiento periodístico  si existía investigación alguna hacia Fermín. Es necesario que La Jornada Oriente en una contribución para el esclarecimiento sobre la militancia pública política que ejercía nuestro compañero ubique en tiempo y espacio preciso el documento en el que EPR lo reivindica, para quitar ese elemento que el Estado esparce con la intención de que permee en la sociedad que por ser guerrillero eso es lo que merecía. Por otro lado es una obligación del CISEN deslindarse de su involucramiento en la detención desaparición y ejecución de Fermín Marianos, de acuerdo al señalamiento periodístico de “presunto seguimiento o investigación”.


El 20 de noviembre diputados del congreso local de Puebla hacen un exhorto a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla para que esclarezca los asesinatos de Fermín Mariano y Lenin Ortiz, en respuesta a las denuncias y exigencias de diferentes organizaciones populares y de Defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, además, de familiares, amigos y compañeros de estudio que se unieron en una acción humana y solidaria exigiendo primero su presentación, posteriormente esclarecimiento del asesinato político de Fermín,.

El día 17 de diciembre del 2009 la procuraduría del estado de Puebla remitió el original de todas las actuaciones a la procuraduría de Tlaxcala, aclarando que estas no llevaban líneas de investigación claras, menos aún, hipótesis y conclusiones sobre el caso de detención desaparición y ejecución, el enviar el expediente en esas condiciones más pareciera una acción política de pretender trasladar la responsabilidad total a otra entidad  federativa y excusarse política y jurídicamente del involucramiento en el crimen como gobierno y sus instituciones.

El caso debe ser investigado en ambos estados y todas las instituciones que corresponda, en Puebla por  la actividad política pública que durante años ejerció Fermín en organizaciones estudiantiles, populares y políticas, de carácter progresista y de izquierda. En Tlaxcala porque en su territorio geográfico y de jurisdicción política-judicial se presume aconteció el crimen de Fermín o ahí fue hallado su cuerpo.   

En un comunicado dado a conocer el 20 de diciembre de 2009, el EPR hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos, en dicha misiva menciona tanto a Lenin Ortiz como a Fermín Mariano, pero en ningún momento menciona que sean miembros de su organización, en dicho comunicado el EPR solicita a las autoridades correspondientes, que en el caso de Fermín Mariano se investigue al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibañez.

En marzo de 2011 la familia Mariano Matías, el Frente de Organizaciones Sindicales, Sociales, Campesinas y Estudiantiles del Estado de Puebla (FOSSCEP), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y, organizaciones y personas solidarias, solicitamos al Congreso del Estado de Puebla por medio de la diputada Denisse Ortiz, Presidenta de la Comisión de Gestoría y Quejas, la Diputada Zenorina González Ortega, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y el Diputado Juan Carlos Espina Von Roerhrich, Presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Cosntitucionales que coadyuvaran para dar solución a las siguientes demandas: Esclarecimiento y castigo a los responsables de los asesinatos de Fermín Mariano Matías, Gumaro Amaro Ramírez; que se legisle para que se tipifique la desaparición forzada como delito y libertad incondicional a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, han pasado cuatro meses y seguimos sin respuestas.
Hasta la fecha la procuraduría de Tlaxcala no cuenta con ninguna hipótesis sobre el móvil que haya conducido al homicidio de Fermín Mariano, y al no contar con ninguna línea de investigación, la pregunta es ¿qué investiga? ¿Cómo se orienta para realizar sus actuaciones? ¿Todo se deja al azar o al olvido?
La falta de acciones encaminadas a esclarecer los asesinatos de Fermín Mariano, es un ejemplo más de que en todo lo largo y ancho del País la represión y la impunidad son una constante que parte del Estado mexicano, que no respeta los Derechos Humanos y sus acciones de promoción y defensa son un mero manejo demagógico; sino, ¿cómo nos explicamos que en ese mismo año, en 2009, más luchadores sociales y defensores de los Derechos Humanos fueron ultimados? Por ejemplo en Chiapas: Mariano Abarca líder opositor a la operación de una mina; Morelos: Miguel Ángel Pérez Cázales,  líder campesino integrante de 13 Pueblos; Chihuahua: Paz Rodríguez Ortiz, defensor de Derechos Humanos, Géminis Ochoa Castro, líder ambulante; en el año siguiente, 2010: Chihuahua: Rubén Reyes Salazar, Josefina Reyes Salazar, Marisela Escobedo Ortiz, Ernesto Rábago Martínez; Oaxaca: Julián Ramírez Martínez y Heriberto Pazos Ortiz del MULT, Catarino Torres Pereda de CODECI, Jyri Jaakkola Observador Internacional de Derechos Humanos, Beatriz Alberta Cariño Trujillo, Defensora de Derechos humanos; Hidalgo: Arturo Levin Hernández, Antonio Hernández Hernández de Habitat Para la Humanidad;  en el presente año, 2011: Guerrero: Javier Torres Cruz, Ecologista; Campeche: Armando García Jiménez, dirigente campesino.

La paramilitarización se aplica como política de Estado y va en aumento, donde recientemente nuestros compañeros del MRPS-FNLS en el estado de Chiapas de la comunidad Las Conchitas, municipio de Salto de Agua, son blanco de estas bandas paramilitares financiadas, estructuradas y dirigidas por el gobierno de Juan Sabines Guerrero y Noé Castañón León.  

Todos estos casos tiene dos similitudes  fundamentales en común, primera: ser críticos, opositores, disidentes con respecto al Estado mexicano, al sistema capitalista y al régimen neoliberal, organizados como Defensores de Derechos Humanos y al medio ambiente; sindicalistas independientes; militantes de organizaciones políticas y populares; en esa misma espiral de la violencia del Estado, los cerca de cien periodistas desaparecidos y asesinados. Y la segunda que todos estos casos siguen sin resolverse e impunes.

A lo que también le debemos sumar la desaparición forzada de luchadores sociales y Defensores de Derechos Humanos Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya; Francisco Paredes Ruíz, Daniela y Virginia Ortiz, Lauro Juárez que forman parte de los más de tres mil desaparecidos por motivos políticos y sociales. Como organización de Derechos Humanos-REDDH- y organizaciones populares –FOSSCEP-FNLS- nunca callaremos ante estos crímenes sin importarnos la militancia, credo, origen y condición social, y forma de lucha de los ciudadanos que hayan sido asesinados o se encuentren detenidos desaparecidos, es un compromiso político-ético y de congruencia ideológica-práctica de los que nos decimos luchar por el pueblo y por el respeto y Defensa de los Derechos Humanos, y ese compromiso incluye a todos los mexicanos, así como a todo ser humano que padezca estos crímenes.

La represión en el país se ha generalizado y profundizado, incluso superando a los fatídicos tiempos de la Guerra Sucia, como resultado de la “guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico” de Felipe Calderón con los resultados que ya conocemos: más de 40 mil muertos; siendo el pueblo trabajador el que de manera constante y sistemática se enfrenta a la lacerante violencia del terrorismo de Estado, que aprovecha el combate contra los “malos” para atentar  contra personas y organizaciones políticas y populares, honestas y comprometidas con las causas justas del pueblo. Es una política de Estado  la criminalización de la pobreza, la protesta y lucha popular, se persigue, encarcela, condena, asesina y desaparece por origen social, por condición económica, por apariencia física, por preferencia sexual, por militancia política, por ser crítico al régimen… Pretendiendo oligarcas y gobernantes instaurar legalmente un Estado policiaco-militar para silenciar los gritos que claman libertad y justicia, para eliminar selectiva y masivamente todo esfuerzo organizativo que lucha por la igualdad, justicia social y la libertad.

Compañeras, compañeros, familiares, amigos y pueblo de México en general:
 Exigimos el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables de la detención desaparición y asesinato de Fermín Marino Matías.

Continuemos caminando unidos con el ejemplo de lucha que nos han dejado nuestros muertos, la fortaleza y dignidad que asumen nuestros desaparecidos políticos, nuestros presos políticos y de conciencia.

1. EXIGIMOS CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DETENCIÓN DESAPARICIÓN Y ASESINATO DE FERMÍN MARIANO MATÍAS.
2.   PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS POR   MOTIVOS POLÍTICOS Y SOCIALES DEL PAÍS.
3.      LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS.
4.      DESMILITARIZACIÓN Y DESPARAMILITARIZACIÓN DEL PAÍS.
5.  RESPETO A LA LIBERTAD DE REUNION, ORGANIZACIÓN, EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN.
6.      ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA POBREZA, LA PROTESTA SOCIAL Y LUCHA POPULAR. 

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE:

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINA, INDÍGENA Y 

POPULAR!

FAMILIA MARIANO MATÍAS
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FRENTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES, CAMPESINAS Y ESTUDIANTILES DEL ESTADO DE PUEBLA
RED DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
__________________________________________________

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH



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