Los campesinos colombianos de la norteña zona de San Onofre, departamento Sucre, rompieron el silencio y decidieron expresar sus denuncias ante los medios de comunicación en relación a las masacres cometidas por los paramilitares desde su incursión en ese territorio hace más de 10 años.
El Movimiento de Víctimas en Colombia, registró más de 75 masacres con más de 4 mil víctimas desde que llegaran los insurgentes al poblado donde gran cantidad de los fallecidos están enterrados en fosas comúnes, mientras varias personas desplazadas no han logrado regresar a sus hogares porque el Estado no les ofrece garantías suficientes.
Varios pobladores rindieron sus testimonios sobre el asesinato y mutilación de algunos de sus compañeros y posterior entierro en fosas comúnes, así como del incendio de fincas a manos de los paramilitares para desaparecer toda evidencia de los campos de concentración y entrenamiento que empleaban en esa zona."Aquí se sacaron unos y en el campamento de abajo se sacaron cuatro cuerpos, y suponemos que debe haber más por eso es mejor que se busquen los cuerpos desaparecidos", agregó el lugareño.
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Angie Camacho, dio cuenta del testimonio de la personas en San Onofre, donde varios campesinos exhortaron a los otros a expresar lo que saben sobre los asesinatos de sus compañeros pese a que están amenazados de muerte.
Eder Torres, trabajador de la zona, dijo a las personas que "si se quedan callados los van a matar más fácil y les van a quitar la hacienda" y agregó que "esto sigue, vamos a decirle a la comunidad internacional realmente la crisis humanitaria que se vive en esta región".
En tanto, familiares de uno de los líderes del Movimiento de Víctimas en Colombia, quien se presume perdió la vida a causa de los paramilitares, denunciaron que en el pueblo persiste la presencia de esos grupos ilegales en ese territorio y suponen la existencia de complicidad por parte de la autoridades.
Diferentes familiares de líderes asesinados exigen al Gobierno colombiano que ordene una comisión para que investigue los hechos que desde hace más de una década vienen ocurriendo en ese lugar y que ha llenado de temor a las personas que callan ante la posibilidad de represalias por parte de los paramiliares.
Por otro lado, los activistas de Derechos Humanos (DD.HH.) colombianos rechazaron el lunes las denuncias del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, de ser voceros del terrorismo y exigen que sea investigada la fosa común más grande de Latinoamérica, hallada en la localidad de La Macarena (en el sureño departamento del Meta).
A ese respecto, la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez, por el Polo Alternativo, aseguró que "al calificar de terroristas a las víctimas, a los defensores de Derechos Humanos y a los congresistas convocantes de la audiencia (el Gobierno) les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando que somos objetivo militar".
Asimismo, recordó que la Administración del jefe de Estado no ha manifestado condolencias hacia los familiares de los occisos y añadió la urgencia de iniciar las investigaciones necesarias para explicar los restos mortales hallados en La Macarena.
"No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes (...) consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas."
La senadora Ramíez dio a conocer que el grupo de defensores enviará una comunicación al Parlamento Europeo para expresar las denuncias en torno a la inmensa fosa común y exigir las investigaciones forenses.
Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó el pasado viernes tras una audiencia pública en la localidad de La Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.
Los campesinos de La Macarena han sido víctimas de un conflicto armado que desde el año 2003 recrudeció con la llegada del Plan Colombia impulsado por Estados Unidos para ejercer una presunta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
teleSUR / dg - FC
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