“Las once viviendas construidas debieron ser terminadas con materiales nacionales, pues la contratista “no había recibido ningún kit completo”. Mientras un grupo de jovencitas y jovencitos de la sociedad uruguaya, bien protegidos y abrigados contra el frío, pintaban unas casillas de madera en la Plaza del Entrevero, más parecidas a “cuchas de perro” que a una vivienda, tenían a la intemperie a varios niños claramente diferenciados de los llamados barrios carenciados, pasando frío en la dura mañana de este viernes. Al mismo tiempo en Venezuela, volvía a estallar la joda de las viviendas para gobierno bolivariano de la empresa uruguaya UMISSA, de las cuales solamente ha entregado según la prensa venezolana unas once mil convenidas, pese a que ese país ya abonó más de la mitad del pago unos 45 millones de dólares.
El 13 de setiembre de 2007 publicábamos que la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) realizaba graves acusaciones contra varios legisladores del Movimiento de Participación Popular.
Los dirigentes de FUCVAM denuncian la posible vinculación con el negocio de venta de casas prefabricadas a Venezuela a dos legisladores y un edil del MPP.
El problema político no ha saltado aún, porque los acusados en probables negociados han preferido evitar el debate público y prefieren la estrategia de permanecer callados ante posibles acciones legales y parlamentarias.El secretario general de FUCVAM, Daniel De Souza, lanzó la denuncia de investigar los vínculos de los Diputados Luis Rosadilla y Javier Salsamendi, lo mismo que la del Edil por Montevideo, Luis Luján, con una empresa de reconocida relación con el empresario venezolano Alejandro Guido Antonini Wilson, el hombre que pretendió ingresar a la Argentina con 800 mil dólares sin declararlos en la aduana.
Luis Rosadilla, Javier Salsamendi y Luis Luján, según lo informa el semanario Búsqueda del jueves 13 de setiembre, pertenecen todos a la Corriente de Acción Pensamiento Libertad que integra el MPP.
El semanario recuerda que el dirigente cooperativista de FUCVAM Daniel De Souza fue reclutado por el propio Diputado Luis Rosadilla para el “Movimiento 26 de Marzo en el Uruguay”.
Se trata de un grupo político creado en 1984 por Luis Rosadilla y el Director del Semanario Mate Amargo y Radio Panamericana, Edmundo Canalda, y el Escribano Ruben Castro y que después de un par de años, con el respaldo de los viejos dirigentes del MLN, fuera anexado a esa organización.
El Diputado Luis Rosadilla por tanto nunca tuvo nada que ver con el 26 de Marzo actual.
El Secretario de FUCVAM declaró que Antonini tiene “probada vinculación comercial con la empresa UMISSA”, encargada de la fabricación de viviendas para Venezuela.
Daniel de Souza dijo en La Diaria el 29 de agosto que los dos legisladores y el edil del MPP tenían vínculos con UMISSA SA (Unión Metalúrgica Industrial del Sur) una empresa a la que llamó de “asociación para delinquir”.
“Hay familiares que trabajan en la empresa, algunos en cargos importantes y eso fue confirmado por compañeros del comité de la UNTMRA durante una reunión que mantuvimos con ellos”, declaró De Souza.
El Diputado Luis Rosadilla quien regresó de un viaje a la república de Haití, frente a la gravedad de estas denuncias solicitó a sus compañeros de bancada del Espacio 609, MPP, y agrupamientos aliados, una declaración de respaldo ante los agravios de que viene siendo objeto.
En cambio, otro de los presuntamente implicados el Diputado Salsamendi prefería mantenerse callado, por no tener claro hasta el momento de qué se les acusa.
Al parecer Rosadilla habría solicitado asesoramiento legal para saber con qué derechos cuenta para defender su honor ante la canallada de gente con muy mala leche que lo afecta familiarmente.
Varios legisladores del MPP ante el reclamo de Rosadilla fundamentaron que lo más conveniente era “enfriar el tema”, para que no siguiera trascendiendo públicamente.
Esteban Pérez Vilinski otro de los diputados del MPP afirmó que él mismo tuvo problemas parecidos con un coronel retirado que buscaba protagonismo político y que le parece que “no hay que dar por el pito más que lo que el pito vale”.
Pérez Vilinski se refirió al dirigente de FUCVAM como un lío entre empresarios que buscan protagonismo de un lado el empresario De Souza y del otro la empresa UMISSA.
El Diputado de Compromiso Frenteamplista, Gonzalo Mujica en cambio estuvo de acuerdo con Luis Rosadilla y consideró que el texto de la declaración no debería decir que todos los compañeros del Frente Amplio sean intocables, o que por ser frenteamplistas no pueden estar envueltos en actos de corrupción.
No estamos inoculados con el don de la virtud moral y yo no hago actos de fe en nadie, dijo el legislador Gonzalo Mujica integrante en aquel entonces del grupo político que lidera el vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic y que desde hace un tiempo participa en las reuniones del MPP.
Para Gonzalo Mujica de Compromiso Frenteamplista en caso de hacerse una declaración debería rechazar los agravios pero no descartar las investigaciones y no defender a priori a nadie.
Según las declaraciones aparecidas en Búsqueda, Daniel De Souza habría respondido a Gonzalo Mujica visiblemente molesto, señaló que él si hacía un acto de fe en sus compañeros como lo hace con sus hijos, su mujer y su familia. Los actos de fe se tienen y se rompen pero a priori no ponía bajo sospecha la responsabilidad y la confianza en los compañeros.
Para otro de los legisladores del MPP, el tema de las denuncias de FUCVAM ya se está olvidando y no habría que levantarlo.
El martes 11 durante la sesión de Diputados las denuncias de FUCVAM volvieron a salir a luz y motivaron la intervención del legislador blanco José Cardozo.
“La semana pasada dijimos que estábamos esperando la reacción, a través de un planteo de fueros, de algunos legisladores que han sido acusados públicamente. En algún momento eso iba a pasar; espero que no demore demasiado, porque lo que aconteció con este asunto es bastante delicado” comentó el legislador.
Cardozo le dijo a Búsqueda que si Rosadilla hizo un planteo porque no le dieron la visa para ingresar a los Estados Unidos, es obvio que las denuncias de FUCVAM ameritan también un planteo de fueros.
El mismo martes 11, Gabriel Ayala, uno de los Coordinadores del MPP, presentó en la reunión delComité Ejecutivo un borrador de declaración, pero la echaron para atrás para no seguir revolviendo la cosa y Rosadilla estuvo de acuerdo.
Ahora vamos a ver que hacen los blancos, si “revolean la piola” o dejan todo quieto como hasta ahora.
Por su parte FUCVAM tiene previsto continuar con el tema y entregará al presidente Tabaré Vázquez y al Canciller Reinaldo Gargano un documento en el que adelanta sus denuncias de los presuntos hechos de corrupción vinculados con la venta de casas prefabricadas a Venezuela y que involucran a los diputados del Movimiento de Participación Popular MPP, Javier Salsamendi, Luis Rosadilla, al edil Luis Luján y hasta el propio Embajador en Venezuela, Gerónimo Cardozo.
La propia Búsqueda -que según aclara accedió a al texto de este informe- señala que existen groseras implicancias de “operadores del gobierno, que favorecieron la concreción del contrato que firmó la empresa de casas prefabricadas UMISSA con el Estado venezolano”.
Ante las denuncias públicas de FUCVAM, tal como era de esperar, generó que en una reunión que se realizó en Venezuela la semana pasada y en la cual participaron el Embajador uruguayo Gerónimo Cardozo y el Secretario de FUCVAM, Daniel de Souza, el embajador acusara a la federación de “hacerle el juego a la derecha”.
Según el relato del Secretario de FUCVAM cuando en el año 2005 vino un ministro venezolano a firmar el acuerdo con UMISSA, “quien opera con visibilidad y encomio” para que salga favorecida esa empresa fue el diputado Javier Salsamendi y su secretario, junto a la funcionaria de Cancillería, Rosario Portel.
El 28 de agosto FUCVAM había emitido un comunicado denunciando graves irregularidades en los negocios de UMISSA con el Estado venezolano y el papel que habían jugado algunos diputados oficialistas tuvieron en su concreción.
El secretario de FUCVAM, De Souza afirmó que los diputados Salsamendi y Rosadilla estaban vinculados con esos negociados. Al ser consultado De Souza por el diario La Juventud sostuvo que “algunos elementos que sustentan su denuncia provinieron del hijo de un diputado del MPP”.
El dirigente de FUCVAM ha dicho al Semanario Búsqueda que el denunciante fue el propio hijo de Esteban Pérez Vilinski que a la vez casualmente trabaja en UMISSA y que afirmó que una reunión con FUCVAM que le llamaba la atención que hubiera varios familiares de diputados del MPP vinculados directamente a la empresa.
De Souza señala que de 27 empresas constructoras que se trasladaron en el año 2005 a Venezuela, solo una se beneficio con este negocio.
Fue tan desprolijo que solamente con una gran mano de alguien que quiera promover una empresa de este tipo se pudo concretar, dijo De Souza.
“Nosotros sabemos que esos diputados que denunció” el hijo de Pérez Vilinski, “son los que hicieron lobby” por la empresa.
FUCVAM denuncia también al Embajador en Venezuela, Gerónimo Cardozo quientambién habría hecho lobby a favor de una empresa que vende unidades potabilizadoras de agua (UPA), a Venezuela, en detrimento de otras dos.
Según ahora denuncia FUCVAM tanto la empresa que respalda el Embajador Cardozo como UMISSA tienen un mismo socio venezolano.
FUCVAM en su denuncia también menciona a ANCAP cuando señala que:
El beneficiario y representante, casi excluyente de las dos empresas que tienen interrelación evidente es el empresario Norberto Barcos titular de CERJECA y del amplio espectro de negocios que lo vinculan al Fideicomiso PDVSA - ANCAP.
El documento de FUCVAM sostiene que el viaje de Antonioni Wilson quien pretendió ingresar a Buenos Aires con 800 mil dólares sin declarar su origen iba a venir también Barcos para hacer otro convenio por más casas para la provincia en la que viven.
El secretario de FUCVAM, Daniel de Souza asegura tener pruebas y documentos que fundamentan todas sus acusaciones y señaló que, a partir de sus denuncias cayeron dos ministros de vivienda en Venezuela.
En relación al negocio de las potabilizadoras de agua UPA, dijo que tiene correos electrónicos enviados por el Embajador uruguayo en Venezuela Gerónimo Cardozo a un ministro venezolano en el que se “muestra la injerencia” que tuvo este diplomático para favorecer a una de las empresas.
Según De Souza en uno de esos correos se aprecia la conducta impropia y reñida de ética del embajador uruguayo.
De Souza dijo que durante un viaje que realizó la semana pasada a Venezuela se encontró con Cardozo y que este lo acusó de “hacerle eljuego a la derecha”.
“Le dije que tal vez que si pero, que no hicimos negocios con la derecha. Esa es la principal diferencia con él”comentó De Souza.
En Venezuela las denuncias de corrupción del Secretario de FUCVAM implicaronla renuncia de dos ministros de Chávez.
Pero aquí es difícil que pase algo parecido o similar porque la mayoría de que dispone el oficialismo le permite eludir las investigaciones y el control de la actuación de los hombres de gobierno.
La acusación hecha por el Embajador Cardozo es la más común y normal de todas y casi la única, nosotros hace más de dos años y medio que la escuchamos “hacerle el caldo gordo a la derecha”.
Con eso se permite todo, porque al fin de cuenta desde la crítica hasta la información de la verdad terminará -a la corta o a la larga- haciéndole “el juego a la derecha”, pero en realidad tal como dice De Souza, “son los del gobierno progresista los que hacen negocios con la derecha”.
Si están los documentos y las pruebas de las graves denuncias realizadas por FUCVAM debería habilitarse una investigación profunda sobre las actuaciones del embajador Cardozo, los diputados Rosadilla, Salsamendi, el edil Luján y la empresa UMISSA que al parecer fue creada especialmente para ganar esta licitación de construcción de viviendas y está compuesta además por los hijos y familiares de los mismos diputados del MPP.
Hoy trece de agosto de 2010 nuevamente aparecen denuncias en los medios de prensa venezolanos sobre este negocio de las viviendas prefabricadas. De las12 mil viviendas prefabricadas que Venezuela compró a Uruguay en el año 2005, solamente once han sido construidas, aun cuando el país entregó un anticipo por 70,6 millones de dólares, lo que equivale a 45,47% del total del contrato, hace más de dos años.
Así lo denunció el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, en el informe anual que esta semana presentó a la Asamblea Nacional y en el cual se quejó de que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), organismo que realizó los desembolsos, no haya suministrado “la totalidad de los soportes” que justifican los pagos.
En su reporte, el encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos cuestionó que la estatal petrolera haya entregado esa suma de dinero, a pesar de que la fianza que la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur SA (Umissa) estaba vencida y de paso le faltaba cancelar 67% de la misma, es decir unos 15,73 millones de dólares.
De la misma manera Russián resaltó que las once viviendas construidas debieron ser terminadas con materiales nacionales, pues la contratista “no había recibido ningún kit completo”.
El contralor también se quejó porque ni en Pdvsa ni en el Ministerio de Vivienda le suministraron información detallada sobre el acuerdo, lo cual le impidió “determinar la exactitud, sinceridad y legalidad de las operaciones realizadas”. Precisamente debido a la carencia de datos reconoció que su despacho “desconoce el total de los pagos efectuados, cantidad de componentes que integran un kit, vivienda prefabricada, los suministrados e instalados, así como el avance o porcentaje de ejecución y cumplimiento del referido contrato comercial”.
Este convenio ascendía a 155 millones de dólares.En el informe, Russián también cuestionó la falta de coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat, para acelerar los trámites de nacionalización de los insumos en las aduanas, los cuales, según información que dio el Ministerio de Finanzas a la Contraloría, comenzaron a llegar en el año 2006.
Por último, el contralor no dudó en acusar al despacho de Vivienda de no supervisar ni controlar efectivamente los “recursos del Estado”.
Alejandro Lagrenade, es el dueño de Umissa y firmo con el gobierno de Hugo Chávez un negocio por US$ 150 millones para proveer a Venezuela de casas prefabricadas.
El financiamiento fue a cuenta del fidecomiso de Ancap y Pdvsa firmado por Tabaré Vázquez y negociado por Jorge Lepra y Daniel Martínez. El 10 de mayo de 2006 Venezuela hizo un giro a Umissa por 23.320.050 dólares, pero que el mismo día que se acreditó ese importe, se hizo una transferencia por 18.569.700 dólares a otra cuenta que estaba a nombre del dueño de Umissa, Alejandro Lagrenade, de Antonini Wilson, del representantes de Umissa en Caracas, Norberto Barcos, y de una mujer venezolana.
La nota es de: http://www.radio36.com.uy/
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